LA JUSTICIA, INDEPENDENCIA Y RESPONSABILIDAD

HectorMaravall HectorMaravall
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Publicado en CATEGORÍA:   Política.
  5 noviembre, 2018.
HectorMaravall ha escrito 63 entradas.

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La independencia del poder judicial es un principio democrático que debemos garantizar y cuidar. Sin embargo, la independencia debe ir compensada con la equidad y con la responsabilidad. No debe ser un poder omnímodo y aunque a la justicia se la representa con una venda en los ojos, nunca podemos admitir que caiga en la ceguera sobre las consecuencias de sus actos.

Los otros poderes del Estado, el legislativo y el ejecutivo, rinden cuentas, se someten al veredicto de las urnas, directamente o en un segundo proceso tras las elecciones.

El poder judicial tiene en España, y en otros países, pero no en todos, el inmenso privilegio de no estar sometido a ese control periódico de la ciudadanía. Es más, la impugnación de una actuación judicial se realiza siempre en el interno del propio poder judicial, por un juez o tribunal de rango superior. Y la judicatura y la fiscalía, como cualquier profesión, no están exentas de tendencias corporativas, ni desde luego están al margen de las ideologías, aunque no se les permita, al igual que a los militares en activo, pertenecer a partidos políticos.

No seré yo quien cuestione el buen trabajo que están haciendo fiscales, jueces y tribunales de nuestro país en la lucha contra la corrupción, el narcotráfico, la delincuencia de cuello blanco, la violencia de género, el terrorismo en el pasado, etc. El perfil de algunos “distinguidos” inquilinos de las cárceles españolas (impensable hace dos o tres décadas) muestra el ingente y loable trabajo que realizan.

Dicho todo esto, creo que la ciudadanía tenemos el derecho de pedir al poder judicial que, a la hora de interpretar los textos legales, (que, por otra parte, a menudo son revisados para endurecer, flexibilizar, reducir, suprimir o introducir los delitos y su sanción penal), lo haga teniendo muy presente que la Justicia cuando persigue y sanciona una actitud sancionable legalmente, no puede causar un mal mayor que el que busca castigar.

Viene a cuenta este largo preámbulo a lo que esta sucediendo con los políticos catalanes que están procesados por su participación en el proceso independentista.

Ya he escrito varias veces que la sentencia del Tribunal Constitucional, que en el año 2010 declaró inconstitucionales determinados artículos del nuevo Estatut de Cataluña, podría estar ajustadísima a una visión formalista de la Constitución, pero las juezas y jueces del Tribunal Constitucional hicieron un daño monumental a la convivencia democrática en España y en Cataluña y nos metieron a todos en un callejón de difícil salida como muy bien estamos viendo. Es cierto que la responsabilidad no ha sido ni única ni principalmente del Tribunal Constitucional, pero esa sentencia avivó la hoguera que otros habían encendido hacía años, aunque hasta ese momento con escasos resultados. Así el independentismo paso de menos del 20% a casi el 50% del electorado.

Nadie del ámbito constitucionalista ha pedido cuentas al Tribunal Constitucional por aquella rígida e intransigente interpretación de la Constitución.

Y ahora estamos en las mismas, pero peor.

Para empezar, mantener más de un año en prisión sin fianza a altos dirigentes de la Generalitat es una absoluta desmesura, se mire por donde se mire y esta mandando un claro mensaje de prejuzgar que la condena va a ser tremenda y que los mantienen encerrados para que no se escapen.

En segundo lugar, mantener la tipificación de rebelión por la fiscalía y de sedición por la abogacía del estado y unas elevadísimas penas es algo que no tiene ni base legal ni pruebas suficientes, como muchos juristas de diversa índole han defendido. Y además resulta insólito en nuestro entorno democrático europeo, como quedó de relieve con la imposibilidad de extraditar a Puigdemont.

La actuación de los políticos procesados (y de quienes votaron en esa misma dirección) ha sido claramente ilegal y por eso se intervino la Generalitat y se dejo sin efecto legal alguno las medidas que medio Parlament y el Gobierno de Puigdemont habían aprobado. Pero no olvidemos que los causantes de esa ilegalidad fueron nuevamente refrendados por las urnas pocas semanas después, obteniendo en su conjunto la mayoría absoluta.

Y en tercer lugar una condena por sedición y no digamos por rebelión, bloquearía por muchos años la solución del conflicto catalán y causaría importantísimos daños a la convivencia en España y en Cataluña, además de las consecuencias políticas, económicas y sociales que acarrearía.

¿Es eso lo que queremos?

El gobierno, si no quiere ese escenario, debería haber actuado antes, con claridad y contundencia. Y no solo con la abogacía del Estado. También con la fiscalía. Resulta incomprensible e inaceptable que la Ministra de Justicia no haya dado instrucciones claras a la Fiscal General, y si esta no hubiera aceptado, haberla sustituido, porque más vale afrontar la previsible escandalera de la oposición unos días o semanas, pero buscar una salida al procesamiento.

La izquierda, una vez más, pecamos de ingenuos, timoratos o incompetentes. ¿O es que alguien piensa que los sucesivos fiscales nombrados por Aznar o Rajoy no recibían ordenes tajantes de ministros y Ministras de Justicia del talante de Margarita Mariscal de Gante, Ángel Acebes o Ruiz-Gallardón?

Por cierto, a la ingenua, timorata e indecisa Ministra de Justicia le van hacer una huelga general jueces y fiscales dentro de unos días.

¿Quién va arreglar los destrozos causados por una condena por rebelión o sedición con largos años de cárcel?

Las cosas ya se han torcido bastante, pero en el ultimo momento, cuando tras la vista oral se formulen las peticiones definitivas, la abogacía del Estado y la Fiscalía deberían retirar las acusaciones de rebelión o sedición, manteniendo en el peor de los casos las de malversación y desobediencia o incitación a desordenes públicos.

Mientras tanto, para apaciguar mínimamente la situación, todos los presos deberían salir en libertad provisional y autorizar el regreso de Puigdemont en libertad bajo fianza.

Y una última cuestión, hay que hacer con urgencia una reforma procesal, para evitar el escandalo de que un partido neofascista como Vox se pueda personar como parte acusadora en un procedimiento penal.

 

 

 

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